Defensa de Mecicovsky

En la voz del fiscal adjunto Sergio Mola, el Ministerio Público hizo una férrea defensa de los funcionarios de la AFIP que habían inspeccionado las empresas de Lázaro Báez. Entre ellos, Jaime Mecikovsky, el hombre señalado como alguien que respondía a Elisa Carrió dentro de la AFIP.

Las declaraciones de diferentes agentes del organismo recaudador ocuparon un capítulo extenso durante el juicio. Durante varios meses, el TOF2 escuchó a trabajadores de la AFIP de las filiales Comodoro Rivadavia, Mar Del Plata, Bahía Blanca y Microcentro.

En efecto, en AFIP Comodoro se había impugnado a Austral por 254 millones de pesos por facturas falsas. Pero el Contador Lorenzo Raffo, quien refiscalizó todo lo actuado, declaró en este juicio que esas actuaciones habían estado mal hechas y la empresa no debía ese dinero al fisco. Sin embargo esto no fue mencionado por la fiscalía en su alegato.

Para Mola, Hubo “injerencias y presiones sobre los funcionarios de la DGI que habían trabajado” para investigar evasión y uso de facturas apócrifas. Según Mola, hubo desplazamientos y traslados de cargos para “neutralizar el avance de las investigaciones sobre Austral”.

Mencionó en concreto a Horacio Castagnola, Alberto Williams y a Jaime Mecikovsky como víctimas de una “persecución” al afirmar que “estaban a tiro de una firma para que cualquier persona inescrupulosa” los corriera de su cargo. “El mensaje es claro: no te metas con el poder porque te pueden arruinar la vida”, dijo Mola. Y agregó que “hay que ser muy valiente” para hacer lo que hicieron ellos. “Es un acto de justicia republicana que contemos lo que pasaron estos funcionarios. El escarmiento al que fueron sometidos estos funcionarios públicos. Que la gente sepa lo que pasó acá”, expresó con énfasis.

Lo que tampoco mencionó en su alegato el fiscal adjunto es que el exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP fue señalado en este mismo juicio por una de sus subordinadas como el responsable de la “persecución” y animosidad” que sufrió tras haber concluido que no hubo irregularidades en la facturación del holding de Báez.

Mecikovsky -hoy reivindicado por la fiscalía- fue quien encabezó numerosas actuaciones de fiscalización de Austral y es señalado como el artífice de la persecución contra dirigentes políticos y empresarios, orquestada desde el ente recaudador durante el macrismo. Denunciado en múltiples oportunidades por supuesto tráfico de información sensible del fisco se reveló en su testimonial no solo como fuente de los artículos periodísticos que referían a situación de contribuyentes que eran apuntados por denuncias de diversa índole, sino que, además, sus equipos y él mismo quedaban en el centro de la producción de prueba que luego era admitida en juzgados y articulaba instrucciones, procesamientos y hasta elevaciones a juicio. Tampoco se mencionó que ambas referencias a irregularidades en filiales fueron descartadas luego de que la justicia -por ejemplo en Bahía Blanca- determinara que jamás habían existido esas causales para el cierre de la filial, ampliamente difundidas. A Mecikovsky lo terminó echando el propio Mauricio Macri en un episodio poco claro por el que Carrió reclamó su reincorporación y logró que le diseñaran un cargo dentro de AFIP.

Controles

Con una fuerte reivindicación a la tarea de la fiscalía, Diego Luciani aseguró que detectaron falta de controles a Austral Construcciones en Santa Cruz y connivencia de los funcionarios nacionales para tal fin. Fue un “trabajo de meses que hizo este gran grupo de trabajo. Planilla por planilla. Ciegos se quedaban mirando las planillas”, dijo con énfasis.

Según afirmó, hubo una ingeniería montada para “engañar” al Congreso año tras año, entre 2003 y 2015. Es decir que, para la acusación, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lograron mentirles a todos los/las legisladoras que formaron parte del Poder Ejecutivo durante doce años. “Lisa y llanamente, les mintieron”, lanzó Luciani, al afirmar que “desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”.

Habló de “obras invisibles a los ojos de los legisladores nacionales” y de una Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) con “débiles controles”. Para esto, se basó en señalamientos de la Auditoría General de la Nación que “viene advirtiendo sobre las dificultades de la ONP para el control de las partidas presupuestarias”.

Luciani puntualizó que los imputados Nelson Periotti y Julio de Vido fueron los “funcionarios responsables de semejante desmanejo” por parte de las dependencias de Santa Cruz.

Compra-venta de terrenos

Hacia la segunda parte de la audiencia, retomó la palabra el fiscal Luciani, quien buscó relacionar a Cristina Kirchner con los hechos investigados. Para eso basó gran parte de su argumentación en documentos que constan en las causas Hotesur y Los Sauces, para mencionar compras de tierras -muchas de ellas fiscales- por parte de Lázaro Báez al matrimonio Kirchner. Siempre según el relato de Luciani, se trataba de bienes gananciales que, para el pase de manos, en varias oportunidades era Máximo Kirchner el representante legal de la vicepresidenta.

Lavagna

La fiscalía Insistió con que el exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna fue desplazado tras haber hablado públicamente de corrupción en la obra pública. Por el contrario, el propio Lavagna declaró bajo juramento en este juicio que el final de su gestión no estuvo signado por ese hecho y que nadie lo llamó para recriminarle lo que había señalado.

Lo que había señalado puntualmente el economista en su testimonial es que el Banco Mundial advirtió sobre prácticas de empresarios viales, en 2005; que la CNDC inició una investigación y la terminó archivando; y que jamás se mencionaron en el informe las rutas de Santa Cruz.