Mientras tanto, este miércoles, por el espacio de más de ocho horas, continuó el alegato en las voces del fiscal adjunto Sergio Mola primero y de Luciani en segundo término. En esta oportunidad, los acusadores hicieron eje en las ampliaciones de plazos y los anticipos financieros para las obras de Báez, los controles y la compra de propiedades de la familia del empresario patagónico.

Ámbito recolectó algunos de los argumentos y documentos con los que las defensas rebatirán las acusaciones.

Plazos, redeterminaciones de precios y anticipos financieros

La hipótesis delictiva en la que insiste la fiscalía es que Austral cobraba antes que otras empresas anticipos financieros de hasta un 30% para luego demorar las obras de manera injustificada y, gracias a esos retrasos, obtenían readecuaciones de precios.

El fiscal Mola exhibió planillas y expedientes para afirmar que “justificaron ilegalmente las ampliaciones de plazos” como parte de la maniobra para defraudar al Estado. En síntesis: quedarse con el dinero y no hacer las obras. “Las modificaciones implicaron prórrogas mayores a lo que preveía el contrato original que debía llevar el trabajo”, señaló. Y aseguró que tienen corroborado que solamente se cumplieron los plazos en 2 de las 51 obras otorgadas.

Y concluyó que “nunca debieron autorizarse estas extensiones de plazos” ya que los motivos eran falsos. Entre ellos, problemas de importación, falta de insumos, cortes de ruta por conflictos sociales por varios meses o hasta años “como si la Provincia hubiera estado en situación de guerra”, faltante de combustible o cuestiones climáticas, como, por ejemplo, los días de lluvia que no fueron tales o la crisis de 2008: “Hay que googlear nomás para saber cuánto duró la Crisis de Lehman Brothers”, dijo elocuente. Para Mola, no es posible un atraso de 27 meses por aquel tembladeral financiero internacional y se usaron “excusas de justificativos de ampliación de plazos para esconder los incumplimientos”.

En esta línea, aseguró que hubo “connivencia del Estado” ya que “atrasos de más de un año o incluso dos años fueron justificados por la administración”. Y agregó: “Durante doce años no tenemos constancia de que se haya aplicado una solo multa o que haya habido algún llamado de atención por los incumplimientos”.

¿Cómo rebatirá la defensa de Báez este punto de la acusación?

Buscará probar que no existió tal maniobra. Se basará en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que los adelantos financieros son un mecanismo legal y que todas las contratistas de todo el país los cobran para poder dar inicio a las obras. Por otra parte, buscará dejar asentado que todas las obras fueron finalizadas, según consignó incluso el informe de la auditoría que ordenó el propio denunciante y titular de la DNV macrista Javier Iguacel. También, dirá que las demoras estaban justificadas y que lo importante es que los trabajos sí se hicieron.

Controles

Para la fiscalía, la clave para perpetrar las presuntas maniobras estuvo en la falta de controles de los expedientes por parte de la DNV provincial, pero, también en el territorio. Según afirmó Mola, la ausencia del representante técnico en las obras, que es quien tiene que firmar los certificados de obras, fue clave. De esta manera, “lo que se certificaba no se correspondía con la realidad”, afirmó.

Estancias

Mola avanzó en un eje poco mencionado durante los tres años del juicio. Se trata de la compra de propiedades por parte de Austral Construcciones y Austral Agro SA, a través de las cuales Báez y sus hijos adquirieron 13 estancias por un total de más de 200 millones de pesos, según valores del Tribunal de Tasación en el año 2016. Según dijo, todas estaban ubicadas en un área que será inundada cuando estén operativas las represas Cepernic y Kirchner. La hipótesis de los fiscales es que es Báez compró esas tierras que en un futuro serán inundadas y, por lo tanto, expropiadas por el Estado. El objetivo habría sido cobrar las indemnizaciones.

Maquinaria

A través de la exhibición de planillas con el detalle de la maquinaria destinada a cada obra, la fiscalía aventuró que Austral declaró las mismas máquinas para ser utilizadas en varias obras en simultáneo en distintos puntos de la provincia. Esto explicaría la imposibilidad para cumplir con los plazos y los pliegos.

¿Cómo rebatirá la defensa esto?

Afirmará que las máquinas que figuran en las planillas oficiales son el mismo modelo, pero no están repetidas. Presentará documentación que acredita que la firma “tenía cientos de máquinas, muchas de ellas repetidas” y compradas a la misma empresa ya que “sirven para lo mismo, en distintas obras”. El problema es que no son equipos patentados, ya que no circulan. Pero ¿Y cómo se controla qué máquinas se usan si no tienen patentes?, interrogó Ámbito. Porque “tienen modelo de chasis, pero no se pone en las planillas”, explicaron especialistas en la materia.

Desmentida del operativo “Limpiar Todo”

En base a los mensajes del celular del imputado José López, en los que se habla de un presunto plan para “limpiar todo” cuando iba a cambiar el gobierno a finales de 2015, la fiscalía aseguró que la administración kirchnerista, antes de dejar el Gobierno le pagó a ACSA todo lo que se le debía y luego la contratista despidió a los trabajadores y abandonó las obras.

La defensa de Lázaro Báez buscará demostrar que esto no es verdad. Como prueba, mostrará una planilla oficial de Vialidad Nacional a la que Ámbito tuvo acceso. Según el documento, inclusive al día de hoy, el Estado le debe dinero a Báez y la rescisión de los contratos por parte del macrismo explicaría que algunas de las obras hayan quedado inconclusas. En total, al mes 11 del año 2015, el monto pendiente de pago era de $5.278.373,59 (ver facsímil)

Este viernes la fiscalía continuará con la sexta jornada de alegatos. Serán, por ahora, nueve jornadas en total. Después, será el turno de las defensas.