El primer informe sostiene que “por tercer año consecutivo, la Auditoría detectó serias irregularidades en el Plan Integral de Mantenimiento a las escuelas” a partir del incumplimiento “con la totalidad de los controles de plagas, ni con las rutinas de control de instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni tampoco el control de los cerramientos”.

“La falta de control a las empresas que deriva en el mal estado de los establecimientos educativos afecta directamente a los y las estudiantes de la educación pública de la ciudad pero no tiene ninguna consecuencia sobre las empresas contratadas que brindan un mal servicio”, remarca.

Según precisa, el Ministerio de Educación destina $4.599 millones a empresas de mantenimiento escolar, mientras que para la urbanización de tres barrios populares juntos (Villa 20, Rodrigo Bueno y Fraga) destina $4.000 millones.

En el segundo documento, la Auditoría porteña consigna que observó “la falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas”, así como “irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio”.

“Todo ello en detrimento de un entorno alimentario apto para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes” y reitera “sobre la falta de control, desde hace años, a la privatización del servicio alimentario en las escuelas de la Ciudad”.

Menciona que “los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente los últimos años”.