En tanto, durante las próximas semanas asistirán diversos ministros y secretarios -Juntos por el Cambio insiste con la visita del jefe del Banco Central, Miguel Pesce- y se dejará un puñado de reuniones para discusión exclusiva de legisladores, con el objetivo de llegar a un dictamen el 24 de octubre próximo. La eventual sesión del 26-10 -podría demorarse unos días- está pensada para dejarle al Senado gran parte de noviembre para la sanción de la ley y terminar con el debate antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Dentro del combo de observaciones que se realizarán tanto de la oposición, como aliados usuales y circunstanciales -e incluso propios oficialistas- aparecen las cuestiones fiscales, monetarias y de ajuste para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández; el endeudamiento de la actual gestión kirchnerista desde fines de 2019; blanqueos que se plantean en la iniciativa; las ya clásicas operaciones para la creación de zonas aduaneras especiales -Misiones, siempre primera en este ranking-; cuestiones energéticas y de minería que preocupan a distritos del norte y sur; plan para el campo; fondos para el subsidio de transporte público en el interior -emparejar la situación en relación con el AMBA-; y las plegarias de gobernadores para mayor coparticipación y ayudas discrecionales desde Nación -también, la planilla de obras de “la felicidad”-, sin importar la situación actual política, económica y social del país, entre otros asuntos.

A la ayuda casi segura de los más que usuales aliados como Juntos Somos Río Negro y los misioneros renovadores -no massistas- se sumó días atrás la UCR paralela en Diputados -que no repite en el Senado, pese a que tiene integrantes como Martín Lousteau-, que comanda Emiliano Yacobitti. “Tras analizar la ley destacamos, en primera instancia, que las variables macroeconómicas son más razonables que las presentadas en el Presupuesto anterior, lo que posibilitaría que podamos contar con una aprobación en general”, aseguró el legislador porteño, también mandamás de varios resortes en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Serán claves hoy las exposiciones de Martín Tetaz y Alejandro Cacace, integrantes de esta bancada.

Por su parte, el PRO definía anoche su estrategia vía Luciano Laspina. El macrismo puso antes una lupa en el debate que ocurrirá dos horas antes del arribo de Massa, cuando un plenario manejado por la comisión de Asuntos Constitucionales trate las modificaciones a la ley de 2018 de barrios populares -de Cambiemos, que tuvo un gran aval del arco político- para actualizar la norma en cuestión y, entre otras cosas, gatillar la prohibición de desalojos durante 10 años.

Recorte

El siempre serio Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó en la tarde de ayer un informe en el que señala que “el proyecto de presupuesto para 2023 estima una reducción real del gasto primario del orden del 2,2% durante este año 2022”. En esa línea, se detalla: “Como en los primeros ocho meses de 2022 hubo una expansión real del gasto del 6,8%, el gasto de los últimos cuatro meses debe reducirse alrededor del 17% real, o lo que es lo mismo 1% del PIB”.

Seguido a ello, se agrega: “Dicho recorte de gasto no se distribuye de igual manera entre todos los sectores, existiendo gastos que terminarían creciendo en términos reales durante setiembre-diciembre. En efecto, las transferencias de capital a otros entes del sector público nacional y a las provincias y el gasto salarial aumentarían un 11,5% y 12,2% real, respectivamente”.

Por último, el IARAF indica que “los componentes del gasto sobre los que recaería en mayor medida el recorte en los últimos meses del año son: déficits operativos de empresas públicas y otros (-43% real), bienes y servicios (-30,3%), inversión real directa (-28,1%), transferencias corrientes al sector privado y a las provincias (-26,3%), y el gasto en prestaciones de la seguridad social (-13%)”.